Un periódico local de EU es decir, llamado Cuffed News (noticias de esposados), se dedica a publicar fichas policiales, incluyendo en nombre y apellido de persona, el condado donde fue arrestado y los cargos que afronta.
En una gasolinera de Gordonsville, Tennessee se vende por la cantidad de un dólar, el equivalente a 20 pesos mexicanos, el periódico donde se “quema” a pequeños infractores de un delito.
La publicación cuenta con 23 páginas.
El joven que atiende el establecimiento de la gasolina sonríe al preguntarle sobre el periódico mencionando que reconoce a un conocido que ha salido en el semanario.
“Si ves a un amigo tuyo, le haces bromas” y menciona “hace poco salieron dos familiares”.
Estas publicaciones son frecuentes a lo largo de las gasolineras de EU.
Asimismo el semanario cuenta con un portal virtual y en la parte baja se informa de que los fotografiados “son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario”.
También cuenta con un apartado para que las personas que quieran demostrar su inocencia lo hagan en el sitio.
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“No es nuestra intención humillar a los fotografiados, sino proporcionar a los residentes conocimiento crucial sobre qué ocurre en sus comunidades”, expresa en su portal el semanario.
Algunas publicaciones ofrecen sacar el nombre de una persona de su listado de fichas policiales a cambio de un pago y algunos casos han sido llevados a los tribunales acusándolos de extorción.
Las empresas alegan que simplemente brindan información pública y se amparan mencionando la libertad de expresión que existe en la constitución de EU.
Por estos casos algunos de los estados han tomado medidas para reducir la emisión de estas publicaciones.
El estado de Oregón aprobó una ley que obliga a las páginas web a retirar gratis la imagen del rosto de una persona si ha sido dictaminado que no es culpable de los cargos judiciales.
Pero los gobiernos distritales no solo tiene que lidiar con publicaciones impresas y virtuales, también existen aplicaciones que proporcionan nombre y ubicación de personas que están obligadas a estar registradas como agresores sexuales después de haber cumplido una sentencia.
Con información de El País.
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